Si acudimos a la Policía, Guardia Civil, Juzgado…o ante cualquier organismo competente, a presentar una denuncia contra alguien, atribuyéndole unos hechos que constituyen un ilícito y que no son ciertos, puede tener consecuencias.

El artículo 456 del Código Penal recoge este supuesto:

Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados

1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.

2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.

3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

Para proceder a perseguir estos hechos, será necesario que exista un auto judicial firme de sobreseimiento o archivo. Incluso el propio juzgado podría perseguir los hechos independientemente de que el perjudicado lo hiciera.

La pena dependerá de la gravedad de los hechos que se han imputado falsamente, de los perjuicios causados al falsamente denunciado, daños morales…

La jurisprudencia, para condenar estos delitos exige tres requisitos:

1) Que se trate de una imputación de hechos concretos dirigida contra persona determinada.

2) Que esos hechos, de ser ciertos, sean ilícitos penales.

3) Que la imputación sea falsa.

4) Denuncia ante autoridad con obligación de actuar (Policía Nacional, Guardia Civil, Juzgado de Instrucción…).

5) Intención delictiva, es decir, conciencia de que el hecho denunciado es delictivo y falso y que se actúe con mala fe.

En cuanto a este último punto, entiendo que alguien que haya denunciado creyendo lo que denuncia aunque luego resulte no ser real, no debería ser condenado por este delito, pero como en todo, existen distintas opiniones.